Maibort Petit*
Bolivia ha disminuido la capacidad de identificar, investigar y desmantelar las organizaciones narcotraficantes desde la expulsión del personal de la DEA en el 2008
A pesar de los intentos de las autoridades bolivianas de negar que el narcotráfico ha logrado penetrar su sistema de seguridad e información, y los círculos de poder, las evidencias dejan claro que en Bolivia el narcotráfico convive en las estructuras del gobierno, y sus garras arrastran a personalidades influyentes de la vida política nacional.
Las mismas autoridades han tenido que admitir que los controles han fallado y que algunos de los que se encargaban de luchar contra la industria de la droga fueron comprados por su poderío, como es el caso del general René Sanabria Oropeza, quien de zar antidroga pasó a ser un capo de la droga internacional, jefe de una red recientemente desmantelada por funcionarios de la DEA.
El mismo vicepresidente, Álvaro García Linera, admitió que “hemos heredado un Estado peligrosa y criminalmente penetrado por el narcotráfico. Es obligación de todos combatirlo donde aparezca, sin respetar si es amigo, conocido, pariente, jefe, hermano o padre”.
El gobierno de Evo Morales sustituyó a la DEA por el Centro de Inteligencia Generación de Información (Cigein), entidad que fue usada por la élite de expertos en narcotráfico para proteger cargamentos de droga hasta que salieran del territorio boliviano y cuidar que fueran embarcadas a los EEUU y Europa.
El gobierno de Evo Morales ha reiterado que la DEA no volverá al país y que luego de su partida se ha logrado “un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico”. Para darle soporte a dicha afirmación, el gobierno presentó un informe del 2010 donde asegura que gracias a sus agentes (Felcn) se incautaron 29 toneladas de cocaína, hay 3.500 detenidos por delitos de narcotráfico y se han destruido 24 laboratorios donde se procesaba la base de la cocaína para convertirla en la droga apetecida por el mercado internacional.
La política antidrogas del gobierno de Morales ha fracasado, según asegura el ex ministro de Gobierno y Defensa Social, Ernesto Justiniano. “Es absolutamente incierto el futuro de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, motivado por la desigualdad de condiciones, la falta de controles y la ausencia de una verdadera política de gobierno sobre la materia”, dijo.
En el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos 2010 se dice que la producción de cocaína ha aumentado durante la administración de Morales. Justiniano confirma que dicha producción se ha elevado en un 50 por ciento y que la siembra de cultivos supera las 30 mil hectáreas, de acuerdo a las cifras hechas públicas por el mismo gobierno, a pesar de que la Ley sólo autoriza a tener 12 mil hectáreas para dicho cultivo.
“Puede verse un incremento de la construcción de apartamentos de lujo, vehículos, las haciendas pertenecientes al reino de la cocaína y mafias de sicarios que se mueven libremente en el país”, asegura el ex ministro Justiniano.
La revista Opinión de Bolivia asegura que tras la salida de la DEA de Bolivia se han identificado lugares y personas ligadas al narcotráfico, pero no se puede actuar en su contra hasta tanto no se haga una ronda de consultas a diferentes niveles de la institución y de gobierno, lo que deja claro que hay intereses poderosos que podrían ser afectados.
Los casos grandes se escapan y los pequeños son los que se presentan como “logros” en la lucha contra el narcotráfico. También asegura la revista que no hay presupuesto y que cada día es más difícil conseguir información: "Cuando estaba la DEA se le pagaba 50 mil dólares a los informantes, hoy en día no hay presupuesto para comprar información”.
El narcotráfico en los círculos de poder de Bolivia
La captura en Panamá del general René Sanabria Oropeza, funcionario del gobierno de Evo Morales, acusado de ser miembro de una poderosa red de traficantes de drogas, encendió nuevamente las alarmas sobre la penetración del narcotráfico en algunos gobiernos de América Latina.
El general Sanabria fungió como zar antidroga de Bolivia y desde el 24 de febrero de 2011 pasó a engrosar una lista de autoridades bolivianas vinculadas al narcotráfico. Sanabria fue detenido en Panamá y extraditado a EEUU, luego que la DEA lo infiltrara durante unos meses y comprobara que además de dirigir el organismo de inteligencia boliviano, exportaba cocaína a Norteamérica.
La administración de Evo Morales también ha sido débil en sus declaraciones públicas al respecto. Frente a las acusaciones y hechos que prueban que el narcotráfico tiene sus tentáculos en el gobierno de Bolivia y que la venta de drogas se ha incrementado, el gobierno solo apela a la hipótesis repetida desde el 2008, cuando el ejecutivo decidió expulsar a los funcionarios de la DEA del territorio boliviano, que existe “una conspiración por parte de los Estados Unidos contra el gobierno de La Paz y que los funcionarios de la DEA ayudaban a la oposición para planear un golpe de estado en su contra”.
Estas alegaciones parecen quedarse sin valor ante las evidencias de los vínculos de funcionarios del gobierno de Morales con las redes del narcotráfico en la región. Tras la expulsión de la DEA, se han conocido más elementos de prueba sobre la presencia del narcotráfico en los círculos de poder en Bolivia.
La influencia del narco en el poder
El general Sanabria fue designado por Morales como director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (2007-2008) debido a “los méritos del uniformado” y respeto a la carrera institucional de la Policía.
Sanabria, de procedencia rural, se graduó en la Escuela Nacional de Policía en 1977 con honores. Comenzó a escalar puestos de poder y en el 2007 la ministra de Gobierno de ese entonces, Alicia Muñoz, lo designó a la cabeza de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Como resultado de su gestión presentó un total de 600 toneladas de droga incautada (la mayor parte marihuana) y la captura de más de 6.000 narcos. Eso le valió su ratificación en el cargo. En 2008 duplicó la incautación de cocaína a 28 toneladas. El gobierno de Morales lo ascendió a general. Fue nombrado jefe del Tribunal Disciplinario de la institución.
En el 2009, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, lo nombró director del Cegein. Dicho organismo debía encargarse de hacer contrainteligencia en tareas antidroga, vigilar que los involucrados en interdicción no crucen la vereda y trafiquen drogas y de desarticular redes de corrupción en la justicia, el Ministerio Público y la Policía.
No obstante, en los medios bolivianos se especuló que Sanabria había sido nombrado por Carlos Núñez del Prado en la cartera de Gobierno para ser el jefe de la Inteligencia política del Ejecutivo.
El arresto del general Sanabria se dio luego de una investigación de la DEA en coordinación con los policías de Chile y Panamá, además de la administración de Aduanas de Estados Unidos.
En los últimos cinco años, al menos 14 casos de narcotráfico tocaron a gente del oficialismo. Muchos de los implicados son miembros del partido de gobierno, MAS.
Entre los implicados figuran el ex alcalde del MAS en Calamarca, Luis Mamani, detenido con dos kilos de cocaína; el ex alcalde de Catacora, Justo Zanga Castro, encontrado en posesión de 173 kilos de cocaína; el alcalde de Chacarilla, Alejandro García, por narcotráfico; Nando Gutiérrez; Luis Arce Gómez, Fernando Siles y Felsin Calderón, entre otros.
Tras la captura de Sanabria también cayeron el coronel Milton Sánchez Pantoja, el mayor Edwin Raúl Oña Moncada y el capitán Franz Fernando Siles Ríos como sospechosos de tener vínculos con la red que enviaba cocaína a Estados Unidos.
Un caso presentado de manera aislada por el gobierno fue el del indígena (amauta) Valentín Mejillones, encargado de entregar a Evo Morales el simbólico bastón de mando de los pueblos indígenas en las ruinas preincaicas de Tiahuanaco. Mejillones fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), junto a su hijo, acusado de traficar con 240 kilos de cocaína líquida.
La DEA y Evo Morales
El informe de la DEA de 2010 dice que Bolivia ha disminuido “la capacidad de identificar, investigar y desmantelar las organizaciones narcotraficantes desde la expulsión del personal de la DEA en el 2008”. Asimismo, señala que bajo la presidencia de Morales el cultivo de coca se ha expandido significativamente.
Frente a esas acusaciones, Morales ha asegurado en reiteradas oportunidades que la DEA no volverá a operar en su país. "Quiero reafirmar que mientras sea presidente, será respetada la dignidad y la soberanía del pueblo boliviano y la DEA no volverá a Bolivia".
En el mismo informe, Estados Unidos identificó a 20 países como "mayores" productores o lugares de tránsito del narcotráfico durante el año 2010, de ellos doce son latinoamericanos: Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Pero sólo en tres países a nivel mundial se observó un "fracaso manifiesto": Bolivia, Venezuela y Birmania.
Morales ha tratado de desligarse de las acusaciones surgidas contra su gobierno tras la captura de Sanabria. Además de acusar a la DEA y a los Estados Unidos, ha dicho que sus opositores son los responsable de la campaña que busca desgastar su gobierno y sepultar el cambio encarnado en el Socialismo del Siglo XXI, impulsado por Hugo Chávez desde Venezuela.
Morales asegura que el caso Sanabria forma parte de una estrategia del Departamento de Estado “para hacer ver que su administración es un narco gobierno”.
Señaló que la lucha contra el narcotráfico siempre fue usada desde un punto de vista geopolítico con intereses políticos, por lo que el gobierno no aceptará el retorno de la DEA y mucho menos, la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio nacional.
Grupos opositores han pedido la renuncia del ministro de Gobierno de Bolivia, Sacha Llorenti, por la estrecha relación que tiene con el general narcotraficante. El senador del partido Convergencia Nacional, Roger Pinto, pidió la apertura de un proceso penal en contra de Llorenti, a lo que Morales se niega de manera rotunda, alegando que es un asunto político.
El diputado opositor, Andrés Ortega, aseguró que el gobierno de Morales sacó a la DEA para acabar con los controles. “Definitivamente no hay una actitud coherente del gobierno para luchar contra el narcotráfico”, acotó.
Ernesto Justiniani también aseguró que las políticas implementadas por Morales han permitido que el narcotráfico tome la cabeza de la Policía Nacional y de los centros de poder. “Echar a la DEA y permitir que se aumenten los cultivos de coca, lo único que ha generado es que el narcotráfico penetre el gobierno” dijo. Sanabria juzgado en Miami
Mientras los círculos de Bolivia discuten los grados de penetración del narcotráfico, en una corte de Miami se sigue el juicio contra Sanabria. En su última presentación ante la Corte, el general optó por permanecer en silencio y reservarse la opinión en todos los interrogatorios. También se declaró inocente con lo que el juicio se alarga por varios meses.
Sanabria enfrenta acusaciones de narcotráfico (envío de 144 kilos de cocaína a EEUU y el expediente del narco general lo comparte con sus cómplices: Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Foronda y Jorge Sánchez Pantoja).
El fiscal federal Brian Dobbins ha dicho que “es un delito muy grave”, el que cometió el grupo de Sanabria, y reveló que existen pruebas en su contra, incluyendo audios y videos donde el grupo del exjefe antidrogas de Bolivia discute la posibilidad de usar pasajeros de aerolíneas para introducir la droga en Estados Unidos.
Según ha expuesto Dobbins, Sanabria está vinculado con traficantes colombianos que tenían que repartir los cargamentos de droga, que transportaba desde Bolivia, a distintas ciudades de Estados Unidos.
Sanabria y sus cómplices están acusados de poseer varias propiedades y cuentas bancarias por un total de medio millón de dólares, así como $560.000 que habrían obtenido a través de las operaciones ilícitas. Estas cuentas estaban registradas a nombre de supuestas empresas en el banco HBSC.
Los delitos por los que Sanabria y sus cómplices son acusados vulneran el título 21, secciones 963 y 952 de la ley de Estados Unidos. De ser encontrados culpables, Sanabria y su grupo enfrentarían una condena a prisión perpetua.
El general Sanabria y sus cómplices también son procesados por narcotráfico en Panamá. El proceso se mantendrá abierto porque las investigaciones apuntan a que utilizaban ese país para pasar droga hacia Estados Unidos, por lo que las autoridades les formularon cargos por narcotráfico. El fiscal panameño no ha descartado que, una vez que concluya el proceso en Estados Unidos, Panamá solicite la entrega de Sanabria para juzgarlo.
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